Durante el último quinquenio, Europa, con la mejor de las intenciones, buscó mejorar la sostenibilidad del planeta y apoyar causas sociales con normativas muy exigentes y de compleja implementación para las empresas. Desde 2022 las Empresas de Servicios de Inversión están obligadas a recoger las preferencias de sostenibilidad de sus clientes. Europa apelaba así a la conciencia de los inversores mientras instaba a promover productos “verdes” a las gestoras. El objetivo era loable: orientar el ahorro y la gestión hacia lo sostenible.
Al margen de la obligación de preguntar a los clientes, los tres pilares normativos en el marco de la sostenibilidad son: la Directiva de Reporte de Sostenibilidad (CSRD); la Directiva de Debida Diligencia en la Cadena de Valor (CSDDD), que exige a las empresas identificar, prevenir y mitigar riesgos medioambientales y sociales en todos sus proveedores; y el reglamento que obliga a los productos financieros a ser transparentes en su enfoque sobre cuestiones medioambientales, sociales y de buen gobierno corporativo (SFDR).
Coste para las gestoras
Ese empeño tiene un precio. Implementar estas directivas conllevaba costes significativos y dificultades prácticas. Las que lideraron este esfuerzo tuvieron que invertir en sistemas de recopilación de datos, herramientas de reporte, asesoría legal y técnica, y en formar o contratar personal especializado. Según estimaciones del organismo asesor europeo de información financiera, el coste de reportar bajo la Directiva de Informes de Sostenibilidad podría estar entre varios cientos de miles o incluso superar el millón de euros en los primeros años.
Estas normas, fueron en su arranque excesivamente ambiciosas. Más allá de los costes, presentan complejidad operativa: documentar toda la cadena de valor con el nivel de desglose exigido es enormemente difícil. La norma exige a las cotizadas identificar, prevenir y mitigar riesgos para el medio ambiente y la sociedad en todos sus proveedores —a menudo extracomunitarios con regulaciones mucho más laxas—, algo difícil de verificar con garantías.
En paralelo, mientras persistían lagunas notables en los datos de sostenibilidad de las cotizadas, la industria de gestión de activos no dejaba de lanzar fondos “verdes”. Según la CNMV, entre 2022 y 2024 el universo de fondos españoles sostenibles creció con fuerza: el total de IIC clasificadas como Artículo 8 —promueven características ambientales y/o sociales— o Artículo 9 —tienen como objetivo principal invertir de forma sostenible— pasó de 295 a finales de 2022 a 338 a finales de 2023, y alcanzó 405 a cierre de 2024 (en torno al 35% del patrimonio total de fondos en España). No fue un fenómeno exclusivo de España: fue la tónica en gestoras europeas e incluso en multinacionales estadounidenses.
Limitar el greenwashing
Viendo la inundación de productos sostenibles, el regulador europeo (ESMA) publicó a finales de 2024 unas Directrices sobre los nombres de los fondos para limitar el conocido como “greenwashing” (cuando un nombre “suene verde” sin que haya una política de inversión que respete o mejore el medio ambiente y/o la sociedad).
El impacto real de los fondos verdes en el medio ambiente y en la sociedad es, por ahora, indeterminado. Sin pruebas sobre avances, tan sólo estimaciones y suposiciones, se ha incentivado la proliferación de fondos etiquetados como sostenibles —fuesen realmente efectivos o no—, empujados por la regulación, la presión comercial y la demanda de un inversor socialmente concienciado que, como siempre, pagará el coste de una burocracia de resultados inciertos.
Mientras, y antes incluso de que las Directivas sobre sostenibilidad se hayan transpuesto plenamente en España —y menos aún en países como Alemania—, el Parlamento Europeo ha pisado el freno.
Conscientes de las dificultades que suponen para las empresas, las autoridades europeas han ido tomando medidas para aliviar la carga. En febrero de 2025, la Comisión Europea propuso simplificar y flexibilizar la implementación de las directivas y otras normas relacionadas con la sostenibilidad. Entre los cambios propuestos destacan el retraso de los plazos de reporte para dar más tiempo de adaptación; elevar el tamaño —de forma que sólo las empresas muy grandes; reducir el número de datos obligatorios a reportar; y no endurecer, por ahora, el nivel de verificación. En abril, el Parlamento Europeo aprobó retrasar partes de la implantación para renegociar exenciones, posponer obligaciones y acotar su alcance.
Detrás de este giro pesan la presión interna de países como Francia y Alemania y sectores empresariales que alertan de pérdida de competitividad y costes de cumplimiento, y la externa derivada de la falta de acompañamiento en otras regiones —en particular, de Estados Unidos—, donde incluso se reclama rebajar exigencias de reporte para compañías estadounidenses proveedoras de empresas europeas en el marco de las negociaciones arancelarias.
Menos fondos sostenibles
En consecuencia, durante 2025 tanto el número de fondos sostenibles existentes como el de lanzamientos nuevos se ha reducido. Según CNMV el número de fondos españoles Art. 8/9 a mediados de 2025 era de 391 desde los 405 de cierre de 2024. La incertidumbre regulatoria, el posicionamiento contrario de la administración estadounidense, la pérdida de novedad en la sostenibilidad como reclamo comercial, el coste de mantener las exigencias de información y, para rematar, el peor comportamiento relativo este año de los índices europeos “sostenibles” han contribuido a este parón.
Tras el fervor, llega el examen. O la sostenibilidad de los fondos demuestra mejoras sociales y medioambientales visibles y el regulador exige reglas sensatas, o seguirá perdiendo tracción comercial. Y sería una pena renunciar al ideal de que algunos fondos traten de mejorar el medioambiente y la sociedad para los inversores que lo demanden.
Tribuna de fondos de inversión publicada en Cinco Días
