La Unión Europea y el BCE están reforzando la inversión en defensa bajo el plan ReArmar Europa/Preparación 2030 presentado en marzo de este año. El plan prevé movilizar hasta 800.000 millones de euros y facilitar hasta 100.000 millones de euros anuales de préstamos del Banco Europeo de Inversiones hacia infraestructuras de defensa europea y de doble uso (civil y militar).
Europa comenzó a impulsar la inversión sostenible en 2018, y vivió un auge explosivo en 2021, con un crecimiento del 88 % en el volumen de activos gestionados. Entre 2022 y 2024 entraron en vigor —y continuaron desarrollándose— varios reglamentos oficiales de la Unión Europea relacionados con la sostenibilidad financiera.
Entre ellos destacan el Reglamento de Taxonomía, que establece un marco común para definir qué actividades pueden considerarse sostenibles, y el Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles (SFDR), que obliga a los participantes del mercado a proporcionar información clara sobre cómo integran los factores de sostenibilidad en sus decisiones de inversión y en sus productos financieros.
Este último incluye, además, criterios técnicos para clasificar los productos en función de su nivel de sostenibilidad. Aunque el crecimiento se mantuvo en 2023 y 2024, el primer trimestre de 2025 registró, por primera vez, reembolsos netos en fondos sostenibles. A pesar de ello, Europa sigue liderando el mercado mundial, concentrando alrededor del 85 % del patrimonio global invertido bajo criterios ESG.
España más estricta con los criterios
El estudio anual de Spainsif (Foro de Inversión Sostenible de España) revela diferencias en políticas de exclusión: las gestoras españolas son mucho más estrictas que las extranjeras con la industria armamentística en sus fondos sostenibles. Según el informe, cerca del 60% de los fondos ESG domiciliados en España excluyen cualquier empresa de armamento de sus carteras, mientras solo alrededor del 20% de los fondos internacionales lo hacen.
Así, mientras Europa incrementa su gasto militar, los fondos sostenibles europeos empiezan a quedarse atrás en rentabilidad. Las acciones del sector defensa y aeroespacial europeo despegaron en los primeros meses de 2025: las siete principales compañías de la eurozona en este ámbito subieron más de un 20 % y acumulan, desde octubre de 2022, una rentabilidad superior al 150 %. Este fuerte rally incluyó a empresas como Airbus, Dassault, Rheinmetall, Leonardo, Thales o BAE Systems, impulsadas por el aumento de los presupuestos de defensa y la creciente demanda de armamento.
Convertir la defensa convencional en un valor “sostenible” corre el riesgo de devaluar el discurso ESG.
El Amundi MSCI EMU ESG Leaders, uno de los productos más representativos de esta categoría, ha rendido casi un 6 % menos que su versión sin filtros de sostenibilidad (Amundi MSCI EMU) en el último año.
Un dilema también financiero
En paralelo, tanto los reguladores como algunas de las principales gestoras europeas han comenzado a suavizar sus criterios de sostenibilidad para permitir la entrada del sector defensa en carteras que se presentan como “verdes”. Allianz Global Investors, por ejemplo, ha eliminado sus restricciones a las inversiones en defensa convencional en fondos con etiqueta ESG, y la Comisión Europea estudia ya adaptar el marco regulatorio para facilitar la financiación privada de la industria militar. El dilema ya no es solo ético, también es financiero.
En paralelo, iShares, Invesco, HANetf y otros han lanzado fondos de defensa ESG-friendly, señal de que el sector está resurgiendo con una narrativa de “defensa sostenible”. La medida puede entenderse como una respuesta a la necesidad de la defensa soberana europea en un contexto de crecientes riesgos geopolíticos.
Sin embargo, desde el punto de vista ético: ¿pueden seguir considerándose sostenibles fondos que invierten en defensa? En estos casos, la sostenibilidad corre el riesgo de convertirse en una etiqueta maleable. Convertir la defensa convencional en un valor “sostenible” corre el riesgo de devaluar el discurso ESG.
Defensa y sostenibilidad
Algunas consideraciones éticas no son universalmente aceptadas. Hay quienes sostienen que invertir en defensa fortalece la independencia estratégica de Europa —al reducir su dependencia exterior—, genera empleo, impulsa la innovación tecnológica y puede contribuir a la estabilidad y la paz a largo plazo. Otros, en cambio, argumentan que las armas, por definición, se usan para matar y herir; incluso si son convencionales, su finalidad entra en conflicto con el principio de no causar daño. Sostener que son “éticamente neutras” —añaden— rompe la promesa implícita de los fondos sostenibles.
El mensaje regulatorio y de mercado actual da la sensación de que Europa camina en dos direcciones, por un lado, fortalece su capacidad defensiva; por otro, redefine el alcance de la sostenibilidad financiera. Esto deja una zona ambivalente donde muchas gestoras y fondos se deslizan hacia una “ética instrumental” en la que la defensa puede considerarse sostenible, siempre que se eviten las armas más controvertidas.
Sin embargo, desde una perspectiva ética sólida, hay una tensión real entre el objetivo legítimo de seguridad y autonomía estratégica, y el compromiso con la ética humanitaria y ambiental que caracteriza a la inversión sostenible.
En mi opinión, es legítimo apoyar la defensa europea, pero no debe hacerse bajo la bandera de la sostenibilidad sin una reflexión profunda y transparente: si un fondo invierte en defensa, debería comunicarlo claramente, mantener estándares humanos y de gestión estrictos y no usar etiquetas ESG que haga perder credibilidad al sector.
Quizá no corran buenos tiempos para la ética universal, pero al menos deberíamos exigir coherencia. No solo por respeto a quienes buscan fondos sostenibles por convicción moral, sino también a quienes creyeron, porque así se les vendió, que la sostenibilidad se traduciría en una rentabilidad mayor. Ambos merecen claridad, no confusión.
